Artículo de Ángel Juanpere para Diari de Tarragona
Siete años después de que el complejo de la antigua fábrica de Tabacalera pasara a manos municipales, la degradación de la mayoría de las instalaciones es evidente. El sistema de seguridad es burlado por muchos ladrones en busca de metales para revender. Y es que sólo una minoría de sus edificios –dos de los seis almacenes– están siendo usados. El resto se van deteriorando. Lo reconoce en cierta manera la concejal de Patrimoni, Carme Crespo, quien señala que «el mantenimiento tiene un coste que esperamos que pronto se resuelva por parte de la Generalitat y del Gobierno central».
El 4 de enero de 2008, el Ayuntamiento de Tarragona y la empresa Altadis –propietaria de Tabacalera– rubricaban el convenio por el cual el complejo pasaba a ser de propiedad municipal.
Estos siete años transcurridos han servido sólo para ocupar dos de los almacenes, que se utilizan como Arxiu Municipal y sala de exposiciones, uno, y en el otro está la Capsa de Música y encima los Serveis Municipals d’Ocupació, Formació i Empresa, con aulas de formación incluidas.
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El futuro
Sobre por dónde pasa el futuro de Tabacalera, Carme Crespo asegura que tanto ella como el alcalde Ballesteros «siempre hemos dicho lo mismo sobre sus usos. Y estos son principalmente el nuevo Museu Nacional Arqueològic, la gran biblioteca provincial, el Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), las dependencias de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense –si los socios así lo determinan–, el depósito arqueológico de Catalunya y el resto del espacio a considerar según un concurso de ideas que se tiene que convocar».
Sobre la intención que tiene el Ayuntamiento de convertir Tabacalera en un referente estatal del mundo romano, incorporando la Necrópolis, la concejal afirma que «es necesario que las administraciones competentes –que son la Generalitat y el Ministerio de Cultura– se pongan de acuerdo. Y por esto, en su día, se firmó un convenio, que después no quisieron cumplir». Un convenio rubricado por el alcalde Josep Fèlix Ballesteros, la ministra Ángeles González Sinde y el conseller Joan Manuel Tresserras. «Pero el gobierno de Artur Mas no lo quiso implantar», sentencia Crespo. En el documento, el Estado se comprometía a pagar entre 57 y 77 millones, y la Generalitat, dos.
Concurso de ideas
La concejal recuerda que, respecto al concurso de ideas, «la Generalitat se comprometió hace mucho tiempo a convocarlo y todavía no tenemos noticias». Añade que en dicho concurso desde el Ayuntamiento se había exigido como condición fundamental «que tengan en cuenta toda la ruta de la baja Tàrraco, que incluya la Necròpolis y su museo, las criptas, la basílica de Parc Central, la Font dels Lleons, la fachada marítima de Tàrraco (calle Vapor), etc».
En el año 2010 se hizo una distribución de lo que tenía que acoger el edificio. En la lista estaban el Centre de Creació i Pensament Contemporani, el Centre de Normalització Lingüística, las oficinas de Joventut de la Generalitat, la gran biblioteca pública, etc. Pero Crespo asegura que «desde el año 2010 sólo se ha hecho lo que el Ayuntamiento se había comprometido: el Arxiu y la Capsa de Música, un convenio de las tres instituciones que ponía los puntos de lo que era necesario hacer. Pero con el cambio de gobierno en la Generalitat no se dio por válido el acuerdo. Y así hasta ahora», se lamenta. También, desde algunos ámbitos se habló de ubicar el Fòrum de la Justícia. Pero la concejal recalca que «el Ayuntamiento de Tarragona, que es quien ostenta la propiedad, sólo ha hablado del Museu».
La crisis económica ha parado buena parte de las intenciones iniciales. Y también ha incidido en que la parte de las instalaciones que están abandonadas sean el objetivo de los ladrones para conseguir toda clase de metal para después venderlo en las chatarrerías. En los últimos meses han sido diversas las intervenciones de los cuerpos de seguridad ante la presencia de intrusos. De ello es consciente el Ayuntamiento, asegura Crespo, quien añade que se está haciendo una actuación de más de 10.000 euros en el cierre de las puertas y ventanas «para que el edificio se mantenga lo mejor posible hasta que se haga la actuación final».