La Gerencia de Urbanismo ha levantado la suspensión que pesaba sobre la tramitación de la licencia de derribo de Averly. No obstante, hay dos condicionantes, relacionados entre sí, que afectan a que puedan empezar los trabajos. Por un lado, tiene que aclararse la situación de una locomotora que hay dentro de uno de los edificios. Se trata de un bien catalogado que para sacarse es necesario derribar una pared. Por otro lado, tiene que aprobarse definitivamente la licencia de derribo, algo que no ocurrirá, hasta que el Gobierno de Aragón no asegure que se puede extraer esta locomotora.
El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha recordado que en noviembre se encargó a la asesoría jurídica un informe sobre la suspensión del planeamiento (Plan especial) y la licencia de derribo. Aunque califica de “ilógico” querer demoler parte de una factoría cuando el planeamiento no está aprobado y “no se puede ni poner un ladrillo”, también ha reconocido que se acogerá a lo que indique la ley. En este sentido, la asesoría jurídica establece dos conclusiones: que no hay causa legal para que no continúe el planeamiento (Plan especial); y que “tenemos que alzar la suspensión cautelar del procedimiento de derribo”. “Tiene que continuar porque es un procedimiento reglado”, ha concretado.
La técnico de Urbanismo Josefa Aguado ha detallado el informe elaborado. Respecto al entorno BIC dice que se tiene que respetar, pero en cuanto a los bienes muebles “no indica la obligación de mantenerlos en el mismo sitio”, ha explicado. Durante la redacción del informe, ha mantenido Aguado, la propiedad presentó una documentación que reconocía el traslado de algunos bienes muebles, “lo que me indujo a pensar que había sido autorizado por la DGA”. Sólo hay un bien que no ha sido trasladado porque había que demoler una pared, algo que van a comprobar. Se trata de una máquina de vapor que necesita derruir una pared para extraerse y no hay licencia de derribo.
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Respecto al Plan especial, “no hay inconveniente en que continúe”, ha aclarado Josefa Aguado, quien también ha concretado que el expediente se encuentra “ahora mismo en fase de contestación de alegaciones”.
Muñoz ha insistido en que la intención del Gobierno es proteger la factoría y su entorno pero “hay limitaciones”. Hasta ello se puede llegar por tres vías: que el Tribunal Supremo dicte que la catalogación es incorrecta y debería ser del 100%, que la DGA reconozca que hay una nueva valoración y haga una nueva catalogación o que haya un acuerdo con la propiedad para poder proteger el entorno y reconocerle sus derechos conferidos “en otro espacio o de otra manera”, ha apuntado el consejero municipal.
Muñoz ha reiterado la intención de Ayuntamiento y propiedad de llegar a un acuerdo, y para ello “están produciéndose innumerables contactos técnicos para dibujar diferentes oportunidades”, si bien ha reconocido que “hoy diría que la posibilidad de acuerdo está lejana”. La voluntad del Gobierno es mantener el 100% de la factoría pero “no va a ser a cualquier precio”. Sentencia, acuerdo o catalogación. Son las tres posibilidades de resolver este asunto. Respecto al derribo, preguntarán a la DGA si es compatible proceder al derribo y proteger los bienes catalogados.
Posiciones de los grupos políticos
Zaragoza en Común y el Partido Popular han votado a favor al analizar el informe técnico que indica que no hay inconveniente en que continúe la tramitación del Plan especial. Partido Socialista, Ciudadanos y Chunta Aragonesista se han abstenido.
La concejal de CHA Leticia Crespo considera que este procedimiento es “la evidencia de cómo meter las cosas debajo de la alfombra”. Es un tema “especialmente sensible” para CHA en su apuesta por el patrimonio industrial. “Lo que me pide el cuerpo es no seguir con esto hasta que no haya una herramienta”, ha manifestado Crespo, aunque, a la vista de este informe jurídico, que evidencia que no hay razones para no seguir con el procedimiento, CHA ha decidido abstenerse.
El concejal de C’s Alberto Casañal ha asegurado sentirse “descontento” porque desde su partido apuestan por la “agilidad” de la administración y “veo que no estamos consiguiendo nada porque llevan ocho meses de Gobierno y sólo hay trabas y palos en las ruedas”. Con todo ello, el edil de C’s ha explicado que su postura es la de “respetar las decisiones que vienen de los jueces y dinamizar la tramitación”. Además, ha reiterado su “decepción por la demora de este caso concreto”.
La concejal del PSOE Lola Ranera considera que el consejero municipal “en un afán de osadía se puede meter en un jardín que puede acabar en los juzgados”. La edil del PSOE no quiere que esta “osadía” acabe “costando dinero a los ciudadanos”. En este sentido, Ranera reclama que Muñoz garantice los derechos de todos los zaragozanos y que las decisiones de posicionamiento ideológico “no supongan dinero al Ayuntamiento”. La formación ha mostrado sus “dudas” ante el asunto, motivo por el que ha decidido abstenerse en la votación del expediente.
El concejal del PP Pedro Navarro ha manifestado que con este expediente, Muñoz pretende que esta Gerencia “dicte una resolución injusta a sabiendas”. Los representantes del PP, ha agregado, “no van a prevaricar y es lo que nos está instando a hacer”. Navarro ha criticado que Muñoz “tiene la intención de que todos colaboremos en una resolución injusta sabiéndolo”.
Por todos estos argumentos, el PP solicita un informe jurídico que diga “la responsabilidad en la que incurren los concejales levantando la licencia de derribo y no concediéndola”. También reclaman que dicte la responsabilidad patrimonial en la que incurre el Ayuntamiento “por su gracia”, así como la responsabilidad “que tienen los funcionarios con su firma y a qué les está abocando tratando así este expediente”. “Si quiere jugar al Monopoly, juegue en su casa”, le ha apelado el concejal.
Navarro ha tuteado al consejero cuando le ha señalado que “lo que Pablo (Muñoz) tiene que hacer es creerse lo que ya sabe y convencer a Pedro (Santisteve)”. Y es que el PP considera que “detrás de todo esto está el alcalde, que pretende que todos prevariquemos”.
Fuente de la noticia http://www.aragondigital.es
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