Durante varias horas al día, separan, seleccionan y transportan todos los materiales que les son de utilidad. El metal que pueda comercializarse como chatarra es el primer objetivo. El cobre es el elemento más codiciado, ya que puede venderse a entre 1.500 y 2.500 euros la tonelada. Su empeño ha llegado a tal punto que han derribado muros y han tirado los techos de varias de las naves. "Son como termitas", apunta un testigo.
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La presencia de la Policía Municipal y la Policía Nacional, que expulsa del recinto a los operarios, no ha servido hasta el momento. Los grupos, alertan los representantes de Izquierda Unida en Villaverde, siempre vuelven. Y lo hacen bien pertrechados.
Por sus monos de trabajo, sopletes, sierras para metal, grupos electrógenos y vehículos de carga bien podrían parecer profesionales. Nada más lejos de la realidad. Nadie les ha contratado a pesar de que son concienzudos en su trabajo y de que obedecen las órdenes de sus capataces. Incluso cuentan con vigilantes encargados de dar el agua (en argot, avisar de la presencia policial) cuando las fuerzas del orden hacen acto de presencia. Por el contrario, no cumplen ni las más mínima medida de seguridad o prevención de riesgos laborales y no tienen en cuenta la posible presencia de amianto entre los escombros, un material cancerígeno. Escasa vigilancia
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El terreno, las vías, las naves y las oficinas están situadas entre la Gran Vía de Villaverde, la calle del Estroncio y la Avenida de Andalucía. El complejo ocupa un superficie de 37.700 metros cuadrados y pertenece a un organismo público, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Esta lo alquiló en 1982 al grupo al que pertenecía Tafesa, sociedad que hoy se encuentra en fase de liquidación tras una declaración de quiebra. El proceso de disolución de la empresa está tutelado por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que nombró administrador concursal a José Antonio Tortosa, abogado, auditor y economista especializado en estos trámites, es decir, un liquidador profesional. Según Adif, Tortosa autorizó a que se entrara en las instalaciones "para sacar todo lo que pudiera ser de algún valor en la liquidación de la compañía" y no devolvió los terrenos hasta julio de 2013. "Para entonces, las instalaciones ya han sufrido un notable deterioro, ya que además de estar un tiempo abandonadas, se han llevado la maquinaria y los materiales de valor", explica la entidad pública.
Tortosa era el encargado de la custodia de los bienes de Tafesa, toda vez que estos pueden ser vendidos o subastados para obtener réditos con los que pagar a los acreedores. Este diario localizó al experto en Interconcursal, la firma de la que es socio, pero este se negó a responder a las preguntas que se le formularon sobre esta situación. Adif asegura que ha denunciado la entrada no autorizada de personas a la Policía en varias ocasiones, pero sin resultado. Por ello, este martes decidió establecer "personal de seguridad para la vigilancia de la zona de forma permanente". Además, ha aprobado un proyecto para demoler "cuanto antes" toda las infraestructuras que puedan representar un riesgo. Vecinos del recinto niegan haber visto ningún tipo de vigilancia preventiva a lo largo de esta semana: "El miércoles solo había policías municipales echando a la gente de allí". IU Villaverde había solicitado en numerosas ocasiones la reutilización de los terrenos como espacio público. A instancias del grupo, la Junta de Distrito ha iniciado un expediente urbanístico con motivo del desmantelamiento de las naves, pero el saqueo ha continuado. El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Madrid elevará una pregunta al Área de Seguridad acerca de cómo es posible que la actividad ilegal continúe sin que se produzcan identificaciones o detenciones. Un icono ferroviario Tafesa era una de las constructoras de vagones ferroviarios de carga (coches, escombros, carbón, alimentos, sacas de Correos etc.) punteras en España.
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Además, daba servicios de reparación y mantenimiento —también para vagones de pasajeros— y fabricaba intercambiadores de ancho de vía. Sus productos eran conocidos por su versatilidad y sus altas prestaciones, según la revista especializada Vía Libre, lo que la convirtió en el proveedor de Renfe. Había nacido en 1951 de la mano de José Fernández López, el fundador Zeltia y Pescanova. Su primera gran crisis tuvo lugar en los años 90. Así lo recogía el diario El País en 1995. De la misma, salió recuperada gracias a la ayuda de las administraciones públicas. Además, ganó clientes como Acciona, FCC o Continental Rail, lo que le llevó a contar con más de 200 trabajadores. Tras el verano de 2011, solicitó la declaración voluntaria de concurso de acreedores (antigua declaración de quiebra). Sus ventas, en ascenso hasta 2009, se desplomaron a partir de ese ejercicio. En 2010 facturó 10,85 millones de euros, menos de la mitad que el año anterior. El resultado, después de impuestos, fue de un negativo de 1,87 millones de euros. La deuda ascendió a 6 millones, de acuerdo a Vía Libre. Adif llegó a reclamarle casi un millón de euros por el alquiler del terreno. Entonces contaba con 125 empleados. La propietaria era Paloma Fernández de Sousa-Faro, hermana del procesado Manuel Fernández de Sousa-Faro, ex presidente de Pescanova.