Suspendida la licencia de obras de las Atarazanas.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha accedido a la medida cautelar solicitada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía(Adepa), para que la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento hispalense para la restauración y adaptación de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), sea suspendida a la espera de la resolución del litigio emprendido por el colectivo.
El recurso de Adepa, formalizado el pasado 27 de mayo, se dirige contra «la desestimación por silencio administrativo del recurso de alzada» interpuesto por la asociación ante el Ayuntamiento, precisamente contra la concesión de la citada licencia de obras. Del mismo modo, se dirige también contra «la Consejería de Cultura» porque la citada licencia de obras «no puede otorgarse sin el previo informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico».
En su argumentación, y entre diferentes aspectos, Adepa señala «la irreversibilidad de las obras que se pretenden acometer, especialmente en la fase inicial de refuerzo de la cimentación, preceptiva y previa para acometer la obra», tratándose las Reales Atarazanas de un recinto declarado monumento histórico artístico y bien de interés cultural, según recuerda el colectivo.
En su recurso, Adepa solicitaba además la apertura de una «pieza separada» destinada a resolver su petición de que, como medida cautelar, fuese suspendida la mencionada licencia de obras. «Podemos encontrarnos ante una futura y contradictoria situación en la que se estime nuestro recurso declarando la ilegalidad de la obra y, sin embargo, no se pueda ejecutar la sentencia por los daños irreversibles producidos sobre el edificio», avisaba Adepa a la hora de solicitar dicha medida cautelar.
En esa pieza separada, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de Sevilla ha emitido este pasado jueves un auto en el que admite la medida cautelar solicitada por Adepa y suspende la citada licencia de obras, porque «la ejecución de las obras afectarían de forma irreversible al edificio» y, de ser iniciada la obra pero prosperar el fondo del recurso de la organización conservacionista, «el recurso perdería la finalidad al pretender la protección y conservación del edificio, que no se podría asegurar».
El auto detalla, entre otros aspectos, que el proyecto en cuestión contempla «128 perforaciones» sobre las pilastras del monumento, elemento «esencial» del mismo, con lo que «es indudable que, de ejecutarse la obra y dictarse una hipotética sentencia estimatoria, el daño ya ser habría hecho y sería imposible de reparar». La hipotética extracción de las 128 barras en las pilastras asociadas a tales perforaciones, según el auto, «dejarían inevitablemente huella sobre el edificio, que quedaría marcado para el futuro», por lo que «dada la singularidad del edificio y la afectación que podría sufrir, prevalece el interés residente en la protección» del monumento.
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«La instalación de los micropilotes afectaría a los yacimientos arqueológicos, en cuanto a que supondría atravesar verticalmente el suelo, con 289 perforaciones, desconociendo lo que hay en su interior», abunda el auto, según el cual los micropilotes «afectarían a los restos arqueológicos» y aunque podrían ser desmontados, «dejarían señales en el edificio y podrían destruir restos arqueológicos». Así, el juzgado justifica la adopción de esta medida cautelar, exponiendo que debe «prevalecer el interés general de la protección del patrimonio histórico, frente al interés de la ejecutividad de los actos administrativos».
EL PROYECTO DE VÁZQUEZ CONSUEGRA
El proyecto de restauración y adaptación del monumento, promovido por la Junta de Andalucía como titular del mismo y la Fundación La Caixa como entidad concesionaria de su gestión, ha sido diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra y ha desencadenado un intenso conflicto a cuenta del rechazo de los colectivos conservacionistas.
El diseño plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo tachan de «crimen patrimonial». Principalmente, critican que la iniciativa no recupere la cota original del monumento y prevea «la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior», con la instalación de «varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado», entre otros aspectos.
Además, critican la previsión de incorporar «micropilonos de hormigón a los pilares originales», lo que a su juicio supone «introducir elementos nuevos disruptivos con el entorno y contrarios a la conservación íntegra» del monumento, sobre todo porque los micropilonos de hormigón «no salvaguardan el patrimonio arqueológico» del monumento.
EXCAVACIONES JUNTO A LA MURALLA
Dado el caso, la Consejería de Cultura y la Fundación La Caixa han anunciado que el proyecto incorporará una excavación en la parte de la muralla almohade con una superficie de 1.200 metros cuadrados, que permitirá la recuperación integral de la muralla hasta la cota original de las atarazanas primitivas.
Al respecto, el informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos por sus siglas en inglés) señala que el proyecto de intervención adolece en mayor o menor medida de una «carta de riesgos, estudios previos y un plan director», recomendando «suspender» la actuación hasta la redacción de tales documentos, para someter después el proyecto a las determinaciones de la carta de riesgos o el plan director.
Fuente de la noticia http://elcorreoweb.es/
Un juez paraliza las obras para rehabilitar las Atarazanas de Sevilla.
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Ahora el juez Francisco Pleite, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Sevilla, estima que la ejecución de la obra, financiada por la Fundación La Caixa y con los parabienes del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta, "causaría perjuicios irreversibles en el edificio". El magistrado especifica que el proyecto del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra afectaría a las pilastras del siglo XIII.
"La extracción de las 128 barras de las pilastras y los 289 micropilotes dejarían inevitablemente huella sobre el edificio, que quedaría marcado para el futuro", reza el auto fechado ayer 20 de octubre. El juez subraya asimismo que las obras incluyen la perforación de los micropilotes, que la maquinaria produciría "vibraciones sobre el edificio" y que sería necesario atravesar verticalmente el suelo del edificio con 289 perforaciones. "La ejecución de los micropilotes afectaría a los restos arqueológicos, y sin bien podría ser reversible al desmontarlos, no hay lugar a dudas que dejaría señales en el edificio y podría destruir restos arqueológicos".
El juez fija que debe prevalecer la protección del edificio —monumento histórico artístico desde 1985— frente al tenue interés de ejecutar las obras de las Administraciones. El magistrado dice que de momento no puede ponderar si a La Caixa le corresponde una compensación por el parón de las obras.
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Adepa (Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía) asegura que ha evitado un proyecto que "no respeta la normativa vigente, ni el pasado, ni las posibilidades del edificio". Los conservacionistas critican la nula voluntad de diálogo mostrada por el Consistorio, la Junta, La Caixa y Vázquez Consuegra. "Una vez actuado sobre los pilares y destruido el salón de actos de Barrionuevo, el daño hubiera sido irreversible", sostiene Adepa en un comunicado.
Adepa estima que era necesario un estudio arqueológico para que las obras avanzaran, dado que se introducirían encepados, escalera mecánica y "elementos ajenos a una construcción de esa época". Además, avanza que si finalmente los tribunales le dan la razón denunciarán por la vía penal a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y de la Junta de Andalucía.
El Gobierno andaluz se ha limitado a mostrar su respeto por la resolución judicial, que comentan sus abogados estudiarán en los próximos días.
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Fuente de la noticia http://cultura.elpais.com
La rehabilitación de las Atarazanas de Sevilla paralizada por orden judicial.
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Suspenden cautelarmente las obras en las antiguas Atarazanas de Sevilla
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Un juez paraliza cautelarmente la licencia de obra de las Atarazanas.
Fuente de la noticia http://sevilla.abc.es/
Varapalo judicial a las Atarazanas
Fuente de la noticia http://www.larazon.es/