Artículo de Miguel Ángel Medina para El País
Una tensión política que dividió al Ayuntamiento de Ahora Madrid. Una denuncia por prevaricación. Una dicotomía entre la protección del patrimonio y la inversión de 355 familias. Un derribo que se autoriza, se para y vuelve a comenzar. Y hasta un hallazgo sorprendente en su sótano que pudo cambiar el plan. El proyecto para demoler el Taller de Precisión de Artillería (TPA) y construir en su lugar una urbanización ha dado tantos giros como el guión de una buena serie televisiva. El PSOE hará un último intento de pararlo este lunes, pero la suerte del edificio de 1899 parece echada: tras la última decisión judicial, las máquinas trabajan para derribarlo en su totalidad.
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La historia arranca en noviembre de 2014, cuando el Ministerio de Defensa, propietario del inmueble, vende el solar a la cooperativa Residencial Maravillas por 111 millones de euros. Los cooperativistas prevén demolerlo y construir en su lugar una urbanización de viviendas. Cada uno de los socios aporta más de 100.000 euros.
Un año después, en noviembre 2015, el Plan Parcial Interior para permitir la operación urbanística llega al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde Ahora Madrid se rompe: seis de sus concejales votan en contra, junto con el PSOE. Votan a favor el PP, Ciudadanos y el resto de Ahora Madrid. Los ediles contrarios al derribo apuestan por conservar el inmueble histórico.
“Madrid ha tenido muchos edificios que, una vez recuperados, se han puesto en valor y se han aprovechado para uso de los vecinos, como fue el caso del Matadero, que hoy es un gran centro cultural”, explican desde la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), que defienden realizar un proyecto similar en el Taller de Artillería.
En julio de 2016, una denuncia de Ecologistas en Acción —otra asociación que pide mantener el TPA— presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) logra que la fiscalía de Medio Ambiente paralice de nuevo el plan e inicie una investigación por presunta prevaricación urbanística. Los ecologistas alegan entonces que el edificio tiene remitida protección según el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, por lo que no se puede derribar.
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En septiembre, la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid, dependiente del Gobierno regional, determina que no hay ningún elemento del edificio que merezca protección, por lo que el proyecto se pone de nuevo en marcha. Solo un mes más tarde, Madrid, Ciudadanía y Patrimonio halla los planos de un refugio antiaéreo de la Guerra Civil construido bajo el edificio, lo que vuelve a congelar el plan. Según la ley de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, este tipo de instalaciones gozan de protección, por lo que no se pueden demoler.
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