Los arquitectos aseguran que El Águila Negra sufrió daños intencionados.
Los arquitectos de la Oficina Técnica Municipal de Siero -José Benito Díaz y María José Fernández- coincidieron ayer en asegurar que el edificio catalogado de El Águila Negra, en Colloto, sufrió daños de forma intencionada para acelerar su deterioro, a la vez que negaron que el inmueble estuviera en ruina cuando lo adquirió la actual propietaria, Gestión Nora. Así lo declararon durante la tercera sesión de la vista oral, que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo contra los tres dueños del edificio por un presunto delito contra el patrimonio histórico y para los que la Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión.
En opinión de José Benito Díaz, el techo del edificio «fue destrozado a mano y con mala intención»; garantizó que no fue causado por el viento y puntualizó: «No digo quién lo hizo, pero sí que está hecho». El arquitecto aludió a sus reiterados informes en los que negaba la existencia de ruina técnica, algo que sigue manteniendo. Y en cuanto a la ruina económica, que se acabó declarando, aseguró que «un edificio de esa categoría no pasa a situación de ruina económica si no hay una actuación muy potente sobre él para su deterioro».
La supuesta intención de la propiedad de que se declarara la ruina económica del edificio era para conseguir que el Ayuntamiento de Siero asumiera una parte de la rehabilitación. Pero el arquitecto precisó que la administración tendría que costear aquello que exceda el nivel legal de conservación, «solo si se llevó a cabo primero ese deber de conservación». Y también discrepa con la valoración y el reparto de los costes que pretendía la empresa. «No tiene nada que ver el valor actual con el valor de reposición, lo dice la ley», dijo.
Díaz subrayó también que la propiedad no había acometido ni siquiera las mínimas medidas para proteger el edificio, como retejar o tapar los agujeros. El momento más tenso se produjo cuando el arquitecto dijo que llevaba con este asunto «en juicios permanentes desde 2001 y contestando a insultos graves contra mi persona» desde el despacho de abogados que defiende a los propietarios.
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Elogios y disculpas
El letrado Gerardo de la Iglesia tomó la palabra para elogiarle profesionalmente, pedirle disculpas si le habían ofendido y preguntarle por el proyecto de ejecución para reformar el edificio, que se ha presentado hace unos días, y si podría recuperarse su imagen de 1993. «Es muy buen proyecto y yo creo que sí se podrá», respondió.
La arquitecto María José Fernández confirmó las trabas que sufrieron para acceder al edificio cuando el Ayuntamiento planificó rehabilitarlo de forma subsidiaria, y que precisaron de un permiso judicial. Garantizó que su deterioro fue «progresivo» desde 2002 y hasta el presente y que hubo falta de mantenimiento. «Con evitar entradas de agua, ya habrían hecho muchísimo», dijo. Y desveló detalles como «ver tejas apiladas, que es una disposición un poco extraña» o que el agua penetraba «por zonas estratégicas y quedaba estancada para causar daños en la cubierta, vigas o muros».
Ana María Fernández Dopazo, arquitecto municipal entre 2000 y 2017, comentó que ella informó sobre la propuesta inicial de la empresa para intervenir en la parcela del edificio histórico, donde pretendían construir otro edificio en paralelo, pero puntualizó que «era solo una idea, no se podía calificar como un proyecto». Y la que fuera abogada de Patrimonio Cultural corroboró su informe de 2010, donde indicó que la propiedad tenía el deber de conservación y que había hecho caso omiso de los requerimientos municipales, basándose en los informes del expediente.
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Los dueños de El Águila Negra declaran que ya compraron el edificio en ruina
Los tres propietarios del edificio de El Águila Negra, de Colloto, comparecieron ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo para responder por un presunto delito contra el patrimonio histórico, por el que se enfrentan cada uno a un año y ocho meses de prisión. Dos de los acusados negaron su responsabilidad en el progresivo deterioro del inmueble desde su adquisición en el año 2000, mientras que el tercer socio se acogió a su derecho a no declarar.
Quienes sí lo hicieron argumentaron que el edificio ya estaba en ruina cuando lo compraron y que habían cumplido con sus obligaciones de conservación durante estos años, con el vallado de las instalaciones y un servicio de vigilancia continuada. Afirmaron que no habían podido rehabilitar el inmueble y cumplir con el convenio de 2002 porque el Ayuntamiento no les daba la licencia. Y desvelaron, además, un primer desencuentro con la administración local, a la que acusaban de haberles quitado edificabilidad.
El primer testigo fue un exsocio de la empresa Gestión Nora, quien reconoció ser conocedor de la protección del edificio. Cuando el fiscal le preguntó si tenían intención de conservarlo, respondió: «El edificio se dejó para el final, porque no sabíamos el uso que se iba a dar». Momentos antes, el fiscal le recordó a uno de los socios cuando habían publicitado la construcción de 220 apartamentos de lujo en el inmueble, sin el conocimiento del Ayuntamiento de Siero, que les obligó a retirar los anuncios.
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Una arquitecto del Servicio de Patrimonio Cultural se ratificó en su informe que hablaba de «estado de abandono total» del edificio, a la vez que el polígono anexo experimentaba un desarrollo «imparable». Aseguró que el inmueble tiene «un valor industrial excepcional», ya que es uno de los pocos vestigios de arquitectura relacionada con la alimentación. Y recordó su grado de protección total en el catálogo urbanístico del Ayuntamiento de Siero. Afirmó que el edificio «era susceptible de conservación» y no consideraba que en 2001 estuviera en ruina. Precisó que 'ruina'«es un concepto técnico que hay que justificarlo con una serie de parámetros y eso no te evita tener que rehabilitarlo». Y apuntó como una de las causas del deterioro la progresiva pérdida de la cubierta.
Un agente de la Policía Local de Siero corroboró que en sus diferentes visitas al lugar había comprobado que «el edificio se había ido deteriorando paulatinamente con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento». El último testigo fue el vigilante de las instalaciones, quien, a preguntas del fiscal, puso de manifiesto que, entre sus funciones, no figuraba el seguimiento de los daños del edificio, como quiso transmitir uno de los acusados.
El juicio se reanudará la próxima semana con la declaración de trece testigos-perito y de otro perito. Es su escrito inicial de acusación, la Fiscalía solicita penas de un año y ocho meses de prisión para cada acusado y que asuman las obras para mantener el edificio, algo que ya se está tramitando en el Ayuntamiento con una inversión de 1,8 millones.
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Los dueños de El Águila Negra "cogieron el jamón y dejaron el hueso al Ayuntamiento de Siero"
El jefe de Servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Siero, Manuel Is, acusó ayer a la empresa Gestión Nora -propietaria del edificio de El Águila Negra, de Colloto- de haber incumplido «todos los compromisos legales y contractuales» del convenio urbanístico, en relación con la parcela número 4 donde se encuentra el inmueble histórico, y con su deber de conservación. Y lo ejemplificó con un símil gastronómico: «Cogieron las lonchas de jamón y dejaron el hueso para que el Ayuntamiento cubriera ese déficit».
La sesión de ayer fue la más tensa de la vista oral que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo contra los tres propietarios del edificio por un supuesto delito contra el patrimonio histórico, por el que se enfrentan a penas de un año y ocho meses de prisión. El momento más acalorado fue cuando el abogado Miguel Teijelo manifestó que el Ayuntamiento, en vez de haber ordenado una ejecución subsidiaria para conservar el edificio, «no hizo nada».
«Me parece una tomadura de pelo decir que el Ayuntamiento no hizo nada», le respondió Is. Y recordó que cuando se requirió a la propiedad en 2007 para que presentará el proyecto de ejecución de las obras de conservación del edificio, y cuando después se intentó la ejecución subsidiaria a través del Colegio de Arquitectos, la respuesta de la empresa fue «una guerra de recursos y juicios», dos peticiones de prórrogas incumplidas, una petición de declaración de ruina -para intentar que el Ayuntamiento pagara el 50% de la reforma- y nuevos recursos.
El letrado quiso saber por qué la administración local no había incoado un expediente sancionador contra la empresa. El funcionario le respondió que no hubo ocasión: «Hicimos todo lo que pudimos y lo que nos han dejado, excepto el expediente sancionador, porque sería la parte final y no la inicial del proceso».
Advertencias del juez
Esa tensión entre el letrado y el testigo-perito vino precedida de varias advertencias del juez a los abogados de la defensa, en el sentido de que los aspectos contencioso-administrativos ya habían sido sentenciados por otros tribunales y que no eran objeto de este procedimiento penal. Incluso cuestionó que al letrado que figura como defensor en la causa se le hayan ido sumando en días sucesivos otros dos compañeros de bufete. Gerardo de la Iglesia replicó que representaban a los acusados y llegó a deslizar que se podría estar vulnerando el principio de contradicción con respecto al fiscal.
En la sesión de ayer declararon también la jefa de sección de Planeamiento y Gestión, Yolanda González, y Adriana Mérida, quien trabajó en el área de Urbanismo de Siero. Hoy declarará el arquitecto Alejandro Alcázar.
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