Patrimonio anula la protección de la fábrica de armas de Trubia en el inventario cultural.
Artículo de Alberto Arce para El Comercio
La Consejería de Cultura inició hace ya dos años un plan estratégico para la inclusión de noventa bienes patrimoniales del municipio ovetense en el Inventario de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. En la lista figuraban la iglesia parroquial de Santiago de La Manjoya, la de Santa María de Brañes o el cementerio de San Salvador, entre otros. Sin embargo, en el lote aparecía también uno de los elementos más importantes del pasado y la actualidad industrial asturiana: la fábrica de armas de Trubia y sus 225 años de historia. Aparecía, ya que, tras un recurso de Santa Bárbara Sistemas, el Gobierno del Principado ha decidido anular cautelarmente la inclusión del edificio -la nave central- al catálogo de bienes protegidos para evitar «perjuicios de imposible y difícil reparación» a la empresa y «al interés público de la defensa nacional». Así lo clarifica una resolución del pasado 19 de julio a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, dictada por el entonces consejero del área, Genaro Alonso.
La resolución, por el momento, ha quedado a la espera de un futuro documento en el que se determine de manera cualitativa el alcance de la protección patrimonial de los distintos elementos que integran la vetusta factoría de armamento militar de la villa cañonera. Es decir, el resto de piezas del conjunto, algunas de las cuales ya atesoran distintos grados de protección. Aun así, y por lo pronto, el Principado ha metido un tajo parcial al expediente inicial, resuelto el 20 de septiembre del pasado año 2018 -y publicado en el BOPA ocho días después-, en el que confirmaba la inclusión en el catálogo regional de conjuntos protegidos de hasta noventa bienes patrimoniales de la capital asturiana.
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El tema tiene cierta enjundia jurídica. Santa Bárbara, filial española de General Dynamics European Land Systems (GDELS), presentó un recurso potestativo de reposición frente a la resolución del Principado sobre el patrimonio ovetense dos meses después de haberse publicado el acuerdo firme en el boletín autonómico. En el texto, referido exclusivamente a la parte que tocaba a la protección de la factoría, la empresa se opuso a los designios del Ejecutivo regional al entender que «acceder a la suspensión beneficiaría al interés público, a los derechos de terceros» y «evitaría perjuicios de difícil o imposible reparación». El Principado, siete meses después, contestó favorablemente y desandó lo andado.
La cuestión aún va un poco más allá. Ssegún la tesis de la compañía, el empleo directo e indirecto del conjunto productivo, actualmente agitado por la situación delicada del contrato del 8x8 con Defensa, se vería seriamente afectado por la protección del edificio, algo que asumieron desde la consejería y expone en su resolución como uno de los motivos fundamentales para echar atrás la decisión inicial.
Fuera de plazo
En términos jurídicos, y según la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, exdirectora de Políticas Urbanísticas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y una de las redactoras de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, María Rosario Alonso, la resolución del Principado «no incluye una ponderación razonada de los perjuicios que la decisión pueda tener sobre la protección del patrimonio cultural». Tampoco incluye, continúa, una ponderación semejante de los posibles perjuicios que argumenta la empresa.
En ese sentido, Alonso explica que «la protección patrimonial se proyecta con independencia de la titularidad de los bienes» y que esto «en ningún caso puede servir de cortapisa». Además, va más allá y manifiesta que ante la primera resolución del Principado, la que introducía a la fábrica de armas en el inventario, «podría haberse interpuesto recurso, dentro de plazo. Pero el recurso de reposición que se interpuso lo fue fuera de plazo, por tanto, ante una resolución ya firme, inatacable, y que sigue en consecuencia produciendo efectos protectores para la fábrica, esta sigue dentro del Inventario».
La decisión de la administración autonómica, actualmente liderada por un nuevo equipo, no ha sentado igual de bien según en qué sectores. Para el presidente de la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia (APHIT), Toño Huerta, «este asunto debería solucionarse en favor de la protección de la factoría. Protección y producción son dos cosas compatibles», afirma. «No nos gustaría que la empresa pudiese destruir elementos a su antojo sin ningún control», sentenció.
Fuente de la noticia https://www.elcomercio.es/