Autor: Julián Sobrino Simal en Diario de Sevilla
Durante la inauguración en Sevilla del Comité del Patrimonio Mundial en junio de 2009, el director general de la Unesco, Koïchiro Matsuura, apuntó que uno de los retos en política patrimonial en los próximos años será, precisamente, la conservación del patrimonio industrial. En Altadis, desgraciadamente, se va a proceder de forma contraria. El Convenio que el gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla pretende aprobar hoy con Altadis va a suponer la demolición de un conjunto industrial de extraordinario valor, no sólo desde la perspectiva de su interés patrimonial (arquitectónico, técnico, social, ambiental y paisajístico) sino desde el punto de vista de su valor estratégico para la ordenación del territorio del entorno de esa antigua factoría tabaquera. Un espacio desocupado por anteriores actividades económicas ya obsoletas, pero que debe contribuir a la regeneración del medio físico afectado, tanto construido como natural, de manera que sea capaz de engendrar acciones dirigidas a su reutilización para nuevos fines económicos, culturales y sociales de interés público.
Hablamos de una regeneración de estos antiguos espacios productivos que debe favorecer su inclusión en las políticas municipales de carácter innovador mediante propuestas de desarrollo local basadas en nuevos equipamientos públicos, iniciativas empresariales y programas de investigación en colaboración con las entidades del sistema universitario y empresarial del conocimiento.
Cuando la ciudad de Sevilla conoció las intenciones políticas de este convenio se despertó la lógica ilusión por comprobar si nuestra ciudad podría estar en las mismas dinámicas de regeneración urbana que otras ciudades de nuestro entorno europeo como Nantes, Lyon, Burdeos, Turín, Milán, Hamburgo, Rotterdam, Dublín, Glasgow, etcétera. Pero tras conocerse los términos del convenio se descubrió la cruda realidad: Sevilla seguiría siendo diferente. No habría centros de diseño avanzado, ni factorías culturales, ni ejemplaridad arquitectónica de conservación del patrimonio industrial, ni proyectos sostenibles en su relación río-ciudad, ni equipamientos compensadores de los déficit de su área de influencia. Habría lo de siempre, centros comerciales convencionales, oficinas, hostelería y equipamientos prescindibles para este emblemático lugar.
El gobierno municipal abrió a regañadientes, en verano y con un mes de plazo, el periodo de alegaciones obligado por la presión ciudadana, la oposición municipal y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Y, en contestación a esas alegaciones, dice la Gerencia de Urbanismo que interpretando la participación ciudadana de manera generosa desestima todas ellas. Dice que las ha informado convenientemente, pero las entidades, asociaciones y particulares que las realizamos no hemos recibido ningún informe que justifique razonada y legalmente esa desestimación. Nos hemos enterado por la prensa. Transparencia, cero. Ésta es la calificación que merece su actitud. Y respecto del concepto de la participación, generosa según ellos, cero también, ya que no se ha arbitrado, como la propia LOUA contempla una mesa de participación donde estuviésemos las asociaciones, entidades, partidos políticos, sindicatos, la propiedad y el propio Ayuntamiento, tanto gobierno como oposición. Dice el artículo 6º de la LOUA que "la ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a participar en los procesos de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística en las formas que se habiliten al efecto y, en todo caso, mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el periodo de información pública al que preceptivamente deban ser aquéllos sometidos". Luego, de generosidad, nada. Obligación. Y además, restringida, ya que no hemos sido llamados a participar en el proceso de redacción del Convenio ni durante su elaboración, tramitación ni aprobación, entendiendo que los convenios forman parte integral del planeamiento urbanístico al condicionar expresamente los términos en los que se desenvolverán las relaciones contractuales posteriores entre la administración, que vela por los intereses públicos, y los particulares, en este caso Altadis, según el régimen jurídico que regula la actuación de la administraciones públicas.
Queremos denunciar ante la opinión pública y ante las instancias competentes de la Junta de Andalucía en materia de suelo, ordenación del territorio, Patrimonio y Medio Ambiente, el contenido de este Convenio, a todas luces, ilegal. Incumple flagrantemente la ley, en materia de patrimonio cultural, de usos del suelo, de edificabilidad, de protección del arbolado y del paisaje, de participación ciudadana y de normativa de ordenación de costas por su afección marítimo-terrestre y por las competencias, todavía no ejercidas, de la Autoridad Portuaria de Sevilla. El Convenio no conoce la superficie total a reordenar, no dispone de los documentos gráficos adecuados, no tiene constancia registral de la titularidad actual de los terrenos. En fin, ningún ciudadano podría, ni se le permitiría, firmar públicamente y legalmente un documento de esta índole.
Nos encontramos ante un problema central para Sevilla. No es un asunto que tenga sólo una variable. En Altadis encontramos un complejo resumen de la actual situación de la ciudad desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo y de liderazgo que debe ejercer su gobierno. Ni liderazgo, ni estrategia, ni desarrollo. Les falta comprender el concepto fundamental de este problema que consiste en establecer la integración en un mismo proyecto de la preservación patrimonial, la ordenación del territorio, la regeneración medioambiental y el desarrollo socioeconómico, conciliable y negociable con los intereses privados.
El caso Altadis nos sitúa ante un problema de gobernanza democrática. Ante la progresiva y suicida pérdida de suelo industrial de la ciudad. Ante una política de empleo irresponsable por su escasa atención a los sectores innovadores. Ante una gestión fragmentada del río Guadalquivir a su paso por Sevilla y un nuevo impacto del espacio edificado sobre el paisaje histórico de la ciudad. Ante una destrucción sin retorno del patrimonio industrial, tanto inmueble como mueble. Ante un modelo de participación caduco y opaco. La ciudad de Sevilla nos pertenece a todos, a los que ahora la vivimos, y a los ciudadanos del futuro. Estamos a tiempo de generar un nuevo convenio que se inspire en la gestión concertada del urbanismo, del patrimonio, del paisaje, en beneficio de sus valores y de los ciudadanos.