Hoy tengo el placer de compartir con vosotros este artículo/separata realizado por José Ramón Fernández Molina, arquitecto ETSAM UPM y doctorando UPM, el cual ha sido tan amable de compartir conmigo. Nos aporta su experiencia y opinión sobre el Plan Nacional del Patrimonio Industrial, os recomiendo su lectura.
Por la tarde, con la presentación de Juan Monjo, interviene en primer lugar Alberto Humanes, uno de los padres del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. Buen amigo, narra su historia. Me cita de pasada al hablar de Turón y el Pozo Santa Bárbara con amables palabras.
Mi contacto con él proviene de mi asistencia a un curso sobre patrimonio industrial celebrado en el Escorial, en el Foro de la UPM en el 2002.
Como codirectores del mismo estaban Inmaculada Aguilar y él mismo. También muy presentes Ramón de la Mata, Alvaro Martínez Novillo, María Linarejos y /María Dolores Fernández-Posse y de Arnáiz, -Pachula para los amigos- por desgracia ya fallecida.
El régimen fue de internado y el resultado del Curso muy interesante para mí por sus contenidos y sobre todo por los contactos.
No olvidaré a otros dos personajes, con los que compartimos esos días de puesta en marcha de una estrategia cívica emocionante y trascendente, de la vieja guardia y de la primera hora en la recuperación del patrimonio histórico industrial español: Carlos Fernández Caicoya, consultor y museólogo e Ignacio García Tascón, ingeniero de caminos vinculado a la Fundación Juanelo Turriano, ya fallecido también. Ambos asturianos de pro.
Sin tardar comenzó el despliegue del Plan Nacional y el primer encargo en Asturias recayó en mí: el Estudio Previo al Plan Director del Valle del río Turón, en Mieres. Posteriormente el Plan Director del Pozo Santa Bárbara lo realizó María Victoria Sánchez de León y de nuevo el IPCE me adjudica el paso siguiente: el Proyecto de Intervención en el Pozo Santa Bárbara ya entregado, con licencia de obras y pendiente de licitación definitiva de forma inminente.
En la actualidad, del primitivo grupo de “padres” solo queda en activo María LInarejos tras el fallecimiento de Pachula, los cambios de destino de Alvaro Martínez Novillo como Subdirector General del IPCA y de Ramón de la Mata Gorostizaga como Jefe de Servicio y finalmente tras la jubilación de Alberto. María es la actual coordinadora del Plan Nacional, responsabilidad en la que sustituyó a Alberto Humanes y el relevo a Alvaro lo ha tomado Alfonso Muñoz Cosme, Subdirector General de IPCE y arquitecto.
Existe una nueva versión actualizada del PNPHI del 2011 –justo antes de jubilarse el padre Alberto —que debo ver con atención.
En mi opinión el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, valiosamente intencionado, adolece de armamento regulador e instrumental. El, al parecer, insalvable escenario de las competencias exclusivas autonómicas conduce a una coordinación deficitaria o mejor descoordinación, pese al notable esfuerzo del Consejo de Patrimonio y su Comité Técnico de Seguimiento del PN por subsanar esta anomalía.
Y no tanto entre Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas -que también- como dentro de la propia administración central, lo que equivocadamente se denomina la administración estatal. El Plan Nacional de Patrimonio Industrial en sus contenidos tiene una fuerte implicación transversal ya que sus estrategias afectan a otras áreas competenciales de la administración pública como las de medio ambiente, industria y otras en las que Cultura y Patrimonio no tienen la prevalencia sectorial que cabría esperar.
Por otra parte es conocido que existen numerosas áreas competenciales de la administración central que actúan en torno a actividades estratégicas y sometidas a un régimen de autonomía de gestión que las hace invulnerables a las políticas y estrategias en torno a la conservación del patrimonio cultural.
No es entendible que no haya una prevalencia de las determinaciones patrimoniales sobre otras sectoriales que comporten escenario físico, espacial, edilicio e infraestructural.
Existe un lugar de confrontación también en el ámbito autonómico con el ejercicio competencial de la protección del patrimonio cultural a través de los catálogos urbanísticos (donde está incluido todo el patrimonio histórico industrial de interés cultural) y la confrontación con los escenarios sectoriales tutelados por organismos públicos centrales: autoridades portuarias, autoridad ferroviaria o administración de la defensa.
Existe una Ley de Coordinación administrativa que no funciona en este ámbito del patrimonio. Los organismos sectoriales autónomos hacen valer sus prerrogativas de autogestión por actividad estratégica: haré mi plan especial de “protección” con su catálogo incorporado cuando lo crea oportuno y mientras tanto, por necesidades operativas podré actuar en consecuencia “derribando lo que me estorbe”. Su ausencia de sensibilidad hacia lo patrimonial y de prioridad máxima para su actividad hace en la práctica de eficaz bloqueo de las acciones de otras administraciones públicas.
Tampoco se entiende que determinados operadores públicos no tengan incorporada una verdadera responsabilidad social corporativa en lo que atañe a su patrimonio histórico y no tengan unas estrategias reales y efectivas para su estudio, conservación y refuncionalización, cuando ello sea pertinente.
Como tampoco se entiende que exista la feliz excepción de una buena práctica en Almadén y no esté previsto algo similar en Asturias. Mayasa versus Hunosa. Dos piezas del mismo conjunto/SEPI aunque con métodos antinómicos u opuestos.
Como resumen: el PN del PI podría ir más aprisa si se atendiese a estas disfuncionalidades con firmeza y sentido común. Hay que ir a la fuente del problema: la necesaria implantación de la prevalencia “sectorial” de las políticas patrimoniales sobre las “otras políticas sectoriales”. Asturias marca con su legislación el ejemplo a seguir sobre la prevalencia de lo patrimonial sobre lo urbanístico y en reconocimiento de la transversalidad y posible conflicto de intereses que conviene arbitrar con una regla de juego adecuada.
Y hay que aprender de las buenas prácticas de los demás, puesto que es posible aplicar esta determinación con eficacia : al día siguiente del cierre de las actividades industriales en el enclave minero alemán de Zollverrein, en la cuenca del Ruhr, en 1981, se declaró Bien de Interés Cultural con protección estricta de todas las instalaciones.
Como síntesis de estas ideas propongo elevar a la consideración del Consejo de Patrimonio de España para su consideración como crean oportuno sus integrantes lo siguiente:
a) Arbítrense las medidas jurídico-instrumentales que permitan establecer la prevalencia de la gestión de lo patrimonial sobre la de otras políticas públicas tanto de competencia estatal como autonómica o municipal, para los supuestos de interés contrapuesto
b) Reclamar a los distintos departamentos de las administraciones públicas implicadas en la gestión mediante entes públicos de sus respectivas competencias : Defensa, Industria, Puertos, Ferrocarriles, etc. que incorporen en ejercicio ejemplar de una responsabilidad social corporativa REAL programas AMBICIOSOS de gestión de su propio patrimonio de interés cultural en clave de puesta en valor y recuperación sostenible .
Oviedo, 4 diciembre 2013
Fdo: José Ramón Fernández Molina, arquitecto y Miembro de TICCHI España e INCUNA